La Casa Rosada tiene previsto anunciar esta semana el envío de la iniciativa al Congreso para resguardar a los ahorristas que se sumen al régimen simplificado de Ganancias. Además, se buscará reducir los cinco años de prescripción penal para delitos tributarios.
El Gobierno propondrá elevar de $1.500.000 a $100.000.000 el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito. Así quedará plasmado en el proyecto que enviará al Congreso para incentivar el uso de los “dólares del colchón” y que tiene por intención modificar la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal para darle seguridad jurídica a los ahorristas que ingresen al esquema que comunicó el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según pudo saber TN, la Casa Rosada tiene previsto anunciar esta semana el envío de la iniciativa al Congreso, pero la presentación formal se oficializará en los primeros días de la semana que viene. En Balcarce 50 están preparando una conferencia del vocero presidencial, Manuel Adorni, para profundizar los detalles. “Puede ser este jueves o postergarse”, expresan en Nación.
El oficialismo asegura además que reducirá los cinco años de prescripción penal para delitos tributarios. Más allá de que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, manifestó la intención de bajar los plazos a dos años, los cercanos al presidente sostienen que intentarán fijarlo en tres. Se trata del tiempo en que el fisco puede juzgar hacia atrás la evasión.
El marco jurídico actual establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede exigir el pago de impuestos y aplicar multas junto a clausuras por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante ARCA. El plazo llega hasta diez años para los no inscriptos sin la condición anterior.
La Ley Penal Tributaria fija penas de dos a seis años de prisión para personas que evadan el pago de tributos en casos en que el monto sea mayor a $1.500.000. La evasión agravada contempla una pena de tres a nueve años cuando se trata de sumas que superan los $15.000.000.
El Gobierno no incluirá cambios sobre la Ley Penal Cambiaria, que dispone como ilegal la compra de moneda extranjera en el mercado informal. En Nación sostienen que es una reforma para 2026 y argumentan que si lo hacen antes puede “perjudicar” la secuencialidad del programa económico. “Puede generar un problema en la liquidación de exportaciones”, agregan.
El Ejecutivo apunta a incentivar la regularización voluntaria de contribuyentes que hayan evitado declarar parte de su capital en los últimos años, pero reconoce que no impulsará la eliminación de datos fiscales. “Es ilegal, no es posible hacerlo”, expresan en el oficialismo. La iniciativa la está terminando de trabajar la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.
La Casa Rosada asegura que tampoco modificará la Ley de Prevención del Lavado de Activos y que mantendrá las atribuciones de investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF). El titular de ARCA, Juan Pazo, anunció los nuevos umbrales a partir de los cuales se registrarán informaciones financieras.
Contempla topes de $50.000.000 para transferencias de individuos, de $10.000.000 para extracciones y para compras informales sin requisitos de presentación de papeles y de $100.000.000 para tenencias en sociedades de bolsa y para plazos fijos.
Comunicó también la creación de un régimen simplificado de Ganancias, en el que no se requerirá información sobre el consumo y el patrimonio de los adhesores. El esquema entrará en vigencia a partir del 1 de junio. “La gente se va a poder adherir con un sólo click”, explicó el titular del organismo en conferencia de prensa.
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